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Medicina legal

¿Hay cárcel por negligencia médica? Lo que resolvió la SCJN en el AR 257/2026

2026-11-14 · Blog User · 5 min de lectura

La SCJN no creó una pena nueva para médicos. En el AR 257/2026 validó que los arts. 291 y 60 del Código Penal Federal son constitucionales, pero precisó que no castigan riesgos propios de la medicina ni resultados adversos por sí solos. Solo cuando se acredita infracción de un deber concreto de cuidado.

La Suprema Corte no estableció que los médicos vayan a la cárcel cinco años por negligencia médica. Lo que resolvió el 11 de noviembre de 2026 en el Amparo en Revisión 257/2026 fue distinto y más limitado: que los artículos 291 y 60, párrafo segundo, del Código Penal Federal no violan la Constitución.

El caso sigue abierto. La Corte no decidió si hubo negligencia. Devolvió el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito para que analice la legalidad del auto de vinculación a proceso.

Qué pasó en el caso que originó el amparo

Un neurocirujano del IMSS fue vinculado a proceso por lesiones culposas. La Fiscalía sostuvo que en diciembre de 2017 practicó dos cirugías de columna, colocación y recolocación de tornillos transpediculares, y que después de ello el paciente presentó disminución permanente de la movilidad de la pierna derecha. El médico promovió amparo indirecto 432/2022 contra esa vinculación y contra la constitucionalidad de los artículos 291 y 60.

El Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas negó el amparo. El médico interpuso revisión. El Tribunal Colegiado advirtió que subsistía el tema de constitucionalidad y envió el asunto a la SCJN.

Qué dice realmente la ley que se impugnó

La sentencia explica la norma en tres partes:

Artículo 291 CPF. No habla de negligencia médica. Describe un resultado: quien cause una lesión que perturbe para siempre la vista, disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, cualquier otro órgano, el uso de la palabra o facultades mentales.

Artículo 60, segundo párrafo CPF. No define qué es culpa. Establece una lista cerrada de delitos que admiten modalidad culposa. Entre ellos está el 291. Es un sistema de numerus clausus.

Artículo 9 CPF. Aquí sí está la definición de culpa: hay culpa cuando se produce un resultado típico que no se previó siendo previsible, o se previó confiando en que no ocurriría, por violación de un deber de cuidado que debía y podía observarse.

La Corte dice en el párrafo 22: para que haya lesiones culposas se necesitan cuatro elementos:

a) que se infiera una lesión,
b) que sea alguno de los resultados del 291,
c) que fuera previsible, y
d) que se haya infringido un deber de cuidado.

Lo que la Corte sí estableció y lo que no

No estableció que los protocolos crean delitos. Lo dice expresamente en el párrafo 29: La lex artis, las NOM, los protocolos clínicos y los conocimientos científicos no crean autónomamente la prohibición penal ni pueden ampliar los elementos establecidos por el legislador. Su función consiste, en su caso, en servir como directrices técnicas para concretar el deber de cuidado.

No estableció que todo resultado adverso sea delito. Párrafos 26 y 27:

La conducta delictiva no deriva de la sola producción de una lesión, ni de que el resultado de una intervención médica haya sido adverso [...] La actividad médico-sanitaria constituye, por lo general, una actividad de medios y no de resultados, de manera que la falta de curación, la aparición de una complicación o la producción de un resultado adverso no permiten, por sí mismos, afirmar la existencia de una conducta culposa.

No estableció que cualquier irregularidad sea sancionable penalmente. Párrafo 43:

Los preceptos impugnados no someten a sanción penal cualquier irregularidad cometida durante la prestación de servicios médicos ni convierten a todo incumplimiento profesional en delito. Tampoco sancionan los riesgos inherentes al ejercicio de la medicina ni la falta de obtención de un resultado favorable.

Sí estableció que la ley es compatible con tres principios:

Taxatividad: no se exige que el legislador describa todas las conductas médicas posibles. Basta con que la conducta sancionada sea determinable. Exigir un catálogo de cada apartamiento de la lex artis desconocería la estructura de los delitos culposos.

Mínima intervención: existe porque el bien protegido es relevante - salud e integridad corporal, art. 4 constitucional - y la afectación es grave y permanente. La existencia de vías civil o administrativa no vuelve innecesaria la vía penal, porque persiguen finalidades distintas: reparación vs. protección de bienes jurídicos.

Libertad de trabajo, art. 5 constitucional: los artículos no impiden ejercer la medicina, no piden requisitos extra para obtener cédula ni prohíben procedimientos. Establecen consecuencias cuando, con motivo de esa actividad lícita, se causan culposamente lesiones previstas por el legislador.

Cómo cambia esto el análisis de un expediente. Desde la perspectiva médico-legal, esta resolución obliga a un orden:

Primero, cronología completa y verificable del expediente clínico.

Segundo, identificar cuál era el deber concreto exigible a ese profesional, en ese hospital, con ese paciente y esos recursos.

Tercero, valorar si podía observarse.

Cuarto, establecer si la infracción de ese deber produjo el resultado del 291.

Una nota incompleta, por sí sola, no prueba negligencia. Un resultado permanente, por sí solo, tampoco. Ambos requieren análisis causal.

Ejemplo hipotético: paciente con paresia postoperatoria. Si la nota quirúrgica documenta verificación de nivel, identificación radicular y la literatura reconoce lesión por tracción como riesgo inherente aún con técnica adecuada, no hay base para afirmar culpa por el solo resultado. Si, en cambio, se acredita que no se realizó la verificación de nivel prevista en el procedimiento institucional, que era exigible y realizable, y que esa omisión explica causalmente la lesión, entonces sí hay materia para análisis de infracción del deber.

Este es el tipo de análisis que realizo: revisión técnico-documental independiente, elaboración y revisión de dictámenes y consultoría sobre el alcance de la lex artis aplicable al caso concreto. Siempre separando hallazgo, hipótesis e interpretación, sin atribuir responsabilidad jurídica, que corresponde a la autoridad.

Este artículo es informativo. Explica el criterio contenido en la ejecutoria AR 257/2026 proporcionada. No constituye asesoría jurídica individual ni dictamen pericial. Cada caso requiere valoración de sus circunstancias clínicas, documentales y temporales.